La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala abrió una diferencia pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, aliado del Ejecutivo en el Congreso. El desacuerdo se concentra en el alcance de las facultades presidenciales frente a las denuncias relacionadas con la elección de Walter Mazariegos como rector y en los límites establecidos por la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez puso en duda que el mandatario optara por aguardar los fallos judiciales antes de implementar acciones adicionales. Arévalo replicó que la Presidencia no tiene facultad para actuar más allá de sus atribuciones y afirmó que las palabras del legislador revelan un “problema de información” respecto a las competencias del Ejecutivo.
La discusión expone dos criterios sobre la forma en que el Gobierno debe responder a una controversia que permanece pendiente de decisiones judiciales. Ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, pero difieren en el tipo de actuación que corresponde impulsar desde el poder público.
Diferencias sobre las facultades presidenciales
Samuel Pérez calificó como “insuficiente” la posición de Arévalo de sujetar la actuación del Ejecutivo a lo que determinen las cortes. El diputado sostuvo que la Presidencia ha evitado utilizar el “poder público” para contribuir a una solución de la crisis universitaria.
Su crítica se dirige a la falta de una intervención más amplia por parte del Gobierno frente a la permanencia de Walter Mazariegos. Pérez considera que la respuesta presidencial no corresponde con el papel que, a su juicio, debería asumir el Ejecutivo ante el conflicto.
Arévalo rechazó ese planteamiento durante La Ronda. El mandatario indicó que existe desconocimiento sobre las facultades que la Constitución asigna al presidente y señaló que su administración debe respetar los límites legales de su actuación.
De acuerdo con la posición presidencial, cualquier actuación que rebase esas atribuciones podría comprometer la autonomía de la USAC. Por ello, el Ejecutivo ha decidido aguardar las resoluciones de las instancias jurisdiccionales y solicitar que las entidades competentes investiguen las denuncias surgidas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios se sitúa, por tanto, en la interpretación del alcance de la acción presidencial. Pérez reclama una participación más activa, mientras Arévalo sostiene que el conflicto debe tramitarse mediante los procedimientos legales existentes.
Arévalo descarta acusaciones relativas a eventuales pactos
El presidente igualmente descartó la presencia de pactos encubiertos vinculados al proceso de selección de las autoridades universitarias, y Arévalo aseguró que tales acusaciones carecen de fundamento, atribuyéndolas a la ausencia de datos o a la “mala fe” de quienes las difundieron.
El mandatario afirmó que, desde la Presidencia, exhortó a las autoridades judiciales a indagar las denuncias sobre eventuales irregularidades y vulneraciones legales registradas durante el proceso electoral de la universidad, y al mismo tiempo reiteró que su intervención debe ajustarse estrictamente al marco constitucional.
Esta postura deja el avance del conflicto bajo la responsabilidad de las instituciones competentes en la resolución de los procesos judiciales, y para el Ejecutivo, acatar dichos procedimientos implica cumplir con la obligación de no inmiscuirse de manera directa en las decisiones internas de la universidad.
La posición de Pérez introduce una demanda distinta. Si bien el diputado también ha hecho uso de vías judiciales, sostiene que el liderazgo presidencial podría asumir una función más amplia frente a la situación de la USAC.
Perspectiva presenta este intercambio como la primera diferencia pública de opinión entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos alrededor de la crisis universitaria. El desacuerdo no se refiere a la valoración de la gestión de Mazariegos, sino a los instrumentos que deben emplearse para responder a ella.
Pérez emprende medidas legales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la labor del presidente, Samuel Pérez impulsa una ofensiva judicial contra Walter Mazariegos, que incluye la presentación de denuncias penales por un presunto abuso de autoridad.
El diputado conjuga de este modo sus cuestionamientos políticos con la utilización de vías jurídicas, y afirma que la necesidad de esperar los fallos judiciales no tendría por qué limitar al Ejecutivo en el ejercicio de otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, mantiene que cualquier medida debe evitar una posible vulneración de la autonomía universitaria o una actuación que pueda ser impugnada por exceder las competencias presidenciales. Su respuesta reafirma una línea de prudencia institucional basada en la separación de funciones entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia introduce una tensión en la relación entre la Presidencia y uno de sus aliados en el Congreso. También refleja una diferencia sobre cómo debe utilizarse el poder estatal frente a una crisis institucional: mediante una intervención política más activa, como plantea Pérez, o mediante el respeto de los procesos judiciales y los límites constitucionales, como sostiene Arévalo.
La situación de la USAC permanece ligada a las investigaciones y resoluciones aún pendientes; hasta que esas determinaciones se emitan, el debate entre ambos actores seguirá centrado en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y los mecanismos institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.