El presidente de Honduras, Nasry Asfura, incorporó a su equipo de asesores a un exfuncionario cuyo nombre estuvo relacionado con investigaciones por presuntas irregularidades en la administración pública. El nombramiento de Martínez Lozano se realizó el 1 de abril de 2026 en Casa Presidencial, aunque inicialmente no se precisaron las funciones específicas que desempeñará dentro del Ejecutivo.
Martínez Lozano figuró en el año 2019 dentro del proceso investigativo denominado Fraude sobre el Gualcarque, el cual se vincula directamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Dicha pesquisa, promovida en aquel entonces por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) junto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), advirtió acerca de supuestas anomalías en la concesión de contratos otorgados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El expediente también estuvo relacionado con denuncias realizadas por la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, quien había advertido sobre posibles irregularidades vinculadas con el proyecto antes de ser asesinada en marzo de 2016. Sin embargo, en mayo de 2024, un tribunal especializado en casos de corrupción absolvió a Martínez Lozano al considerar que no se había demostrado su responsabilidad penal. Otros involucrados sí fueron condenados por delitos como fraude y falsificación de documentos.
El exfuncionario también apareció en investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) llevadas a cabo entre 2016 y 2018, las cuales estaban vinculadas con su administración al frente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Uno de aquellos informes apuntó hacia un presunto daño económico cercano a los 120 millones de lempiras a través de acuerdos de servicios que, de acuerdo con el organismo, jamás se cumplieron o habrían servido para desviar fondos estatales. Martínez Lozano ha negado tales señalamientos y los ha tildado de infundados.
Otro estudio difundido por el CNA en 2018 analizó supuestas anomalías en la concesión de acuerdos comerciales por parte de la empresa estatal eléctrica, los cuales presuntamente habrían beneficiado a redes asociadas al clan Rivera Maradiaga, ligado a la facción denominada Los Cachiros. Dentro de las acusaciones destacaban convenios por prestaciones que al parecer nunca se ejecutaron y desembolsos vinculados al cuidado de predios donde no se constataba labor alguna.
La incorporación de Martínez Lozano al círculo próximo de Asfura ha vuelto a despertar dudas acerca de los estándares aplicados para elegir a colaboradores y expertos en el sector público. Tal situación se añade a la designación de la exparlamentaria nacionalista Gladys Aurora López en calidad de representante presidencial, a pesar de que esta afronta un juicio por la supuesta malversación de caudales públicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso contra López está relacionado con recursos destinados originalmente a un proyecto de electrificación social en Opatoro, La Paz, que presuntamente fueron utilizados para financiar obras privadas en San Pedro Sula. La exdiputada enfrenta el proceso en libertad y bajo medidas cautelares.
Fuente: Resumen Latinoamericano — Resumen Latinoamericano
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