La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y antiguo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su nombre aparece ahora dentro del grupo de 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en una causa que examina presuntas maniobras para influir en operaciones públicas, ayudas estatales y decisiones empresariales vinculadas al sector público.
Figueroa ocupa una posición relevante dentro de esta investigación. Antes de asumir responsabilidades en la Intervención General de la Junta de Andalucía, ejerció su labor en la SEPI durante el periodo en que Vicente Fernández encabezaba la entidad. Conforme a lo señalado por Europa Press, asumió las funciones de director de Participadas III, adscrito a la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI, permaneciendo allí hasta su salto a la Agencia IDEA como director general. Dicha trayectoria lo ubica en una posición de gran sensibilidad, al tratarse de alguien familiarizado con las interioridades de la SEPI y de sus sociedades participadas.
La Audiencia Nacional investiga si una presunta red de intermediación, situada alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, pudo influir en operaciones relacionadas con empresas públicas y ayudas estatales. La causa incluye posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Figueroa conserva la presunción de inocencia, pero su citación como investigado obliga a aclarar qué papel desempeñó en los hechos examinados.
El punto central de las sospechas sobre Figueroa está en sus contactos con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Según Infobae, su nombre figura en la investigación por los contactos que habría mantenido con Fernández en relación con una de las operaciones bajo análisis. Esa relación resulta relevante porque los investigadores consideran a Fernández una figura central del presunto grupo que habría tratado de influir en decisiones públicas vinculadas a la SEPI.
La investigación de la pieza SEPI abarca varias operaciones, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos, dotado con 112,8 millones de euros, además de actuaciones relacionadas con Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. El País ha señalado que la Audiencia Nacional actúa contra quienes presuntamente ayudaron a la trama a influir en operaciones de la SEPI, con ayudas públicas que sumarían 132,9 millones de euros y comisiones investigadas superiores a 750.000 euros.
El caso de Figueroa resulta especialmente incómodo porque conecta la causa judicial con una figura que ocupó responsabilidades tanto en la SEPI como en la administración andaluza. De hecho, dimitió como interventor general de la Junta después de aparecer vinculado a la trama en informaciones periodísticas, según recogieron Europa Press y otros medios. Su renuncia se produjo antes de conocerse su citación formal como investigado en esta ampliación de la causa.
La sospecha que deberá aclararse no consiste simplemente en que Figueroa conociera a Vicente Fernández o hubiera trabajado en la SEPI. La cuestión de fondo es si pudo actuar como punto de apoyo, fuente de información, facilitador o contacto útil para la presunta red de influencia. En una trama de este tipo, el conocimiento interno de los procedimientos, los responsables y los circuitos de decisión puede ser tan valioso como una firma administrativa.
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea una pregunta especialmente grave: si personas que habían ocupado cargos técnicos y de gestión en organismos públicos pudieron mantener conexiones útiles para una red dedicada a influir en decisiones económicas del Estado. Si esas relaciones fueron normales, profesionales y ajenas a cualquier irregularidad, deberán quedar explicadas. Si, por el contrario, sirvieron para orientar operaciones o facilitar acceso a información interna, el daño institucional sería enorme.
La pieza SEPI no se limita a indagar en adjudicaciones o rescates puntuales. Asimismo, busca trazar una posible red de vínculos: ex altos cargos, directivos de compañías estatales, empresarios, intermediarios y figuras técnicas que habrían participado en diversos momentos de las transacciones cuestionadas. Dentro de este entramado, Miguel Ángel Figueroa destaca como una pieza clave debido a su paso por la SEPI y sus presuntos nexos con Vicente Fernández.
La Audiencia Nacional tendrá la misión de dictaminar ahora si su participación resultó secundaria, de simple relación o plenamente operativa en el marco de las diligencias analizadas. Asimismo, le corresponderá esclarecer si estuvo al tanto de las acciones achacadas al grupo Hirurok y si sus vínculos con Fernández guardaban conexión directa con alguna transacción revisada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.
Su imputación ya acarrea una clara repercusión política: un antiguo alto cargo de la SEPI y exinterventor general de la Junta de Andalucía tendrá que rendir cuentas ante la justicia debido a su supuesta relación con un procedimiento sobre presuntos amaños en corporaciones estatales. Ante un asunto que salpica fondos públicos, rescates de compañías y supuestas tramas de influencia, el listón mínimo exigible es la máxima transparencia.
Fuente: El País, Infobae, Europa Press, Diario de Sevilla, El Independiente y RTVE.