El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó las medidas de detención provisional contra cinco personas investigadas en la Operación Pandora, un expediente relacionado con un presunto fraude superior a 40 millones de dólares en el sistema tributario. Además, el tribunal ordenó que un sexto imputado que se encontraba bajo arresto domiciliario pasara a detención provisional.
Otros ocho procesados decidieron retirar los recursos de apelación que habían presentado contra las medidas cautelares, por lo que las disposiciones impuestas anteriormente continuarán vigentes. La única excepción corresponde a una mujer que seguirá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias relacionadas con una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.
Aunque se ratificó el arresto domiciliario de esta procesada, los jueces estimaron que hay una conexión significativa con los sucesos indagados y dispusieron la colocación de un dispositivo de vigilancia telemática durante el desarrollo del procedimiento legal. Tal determinación fue tomada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
La Fiscalía había solicitado mantener las medidas de detención argumentando que todavía existen riesgos procesales. Entre las razones expuestas se encuentra la posibilidad de que determinadas pruebas puedan verse afectadas mientras permanecen pendientes varias diligencias de investigación.
Los investigadores aún deben incorporar entrevistas, información bancaria y documentación relacionada con sociedades vinculadas a las operaciones bajo investigación. Estos elementos podrían ayudar a establecer cómo funcionaba presuntamente la estructura y determinar la participación de las personas involucradas.
El caso se concentra en el supuesto uso irregular de la plataforma E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el sistema habría sido manipulado para gestionar y apropiarse de créditos fiscales, ocasionando un perjuicio al Estado panameño que supera los 40 millones de dólares.
Entre las personas que mantuvieron sus recursos de apelación hasta el final se encuentran las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, además de Juan Omar Palacios. Este último es señalado por el Ministerio Público de haber recibido más de medio millón de dólares de una sociedad considerada presuntamente intermediaria dentro del esquema investigado.
Durante la audiencia, Sáez y Chong rechazaron haber conocido la existencia de una organización criminal dentro de la administración tributaria. Ambas afirmaron que los expedientes relacionados con créditos fiscales ya llegaban autorizados y que su intervención se limitaba a completar trámites administrativos, sin participar en la aprobación de las operaciones cuestionadas.
La investigación mantiene actualmente a 21 personas imputadas por presuntos delitos que incluyen blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsedad documental y corrupción de servidores públicos. Sin embargo, el Ministerio Público ha advertido que el alcance de las pesquisas podría ampliarse hasta unas 50 personas.
Las pesquisas se originaron a partir de una revisión interna llevada a cabo por la DGI, la cual descubrió discrepancias entre los datos fiscales y las operaciones visibles en la plataforma E-Tax 2.0. Dentro de los descubrimientos sobresalieron transacciones carentes de sustento documental, reversiones de operaciones previas y alteraciones vinculadas a créditos impositivos y a los receptores de pagos tributarios.
Las investigaciones derivaron en más de veinte registros simultáneos en Colón, Coclé, Panamá y Panamá Oeste, lográndose la captura de ciudadanos particulares y empleados de la DGI. El objetivo de las autoridades es esclarecer la identidad de quienes avalaban las transacciones, la operativa de la red criminal y el paradero final del dinero acumulado a través de los polémicos créditos fiscales.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una porción de los fondos se habría entregado en efectivo con el fin de entorpecer su seguimiento. Por esta razón, el examen de cuentas bancarias, empresas y transacciones monetarias sigue constituyendo uno de los ejes fundamentales de la pesquisa para esclarecer si intervinieron más implicados y si el daño patrimonial rebasa el monto estimado al principio.
Tras el fallo del Tribunal Superior de Apelaciones, las medidas cautelares fundamentales siguen vigentes al tiempo que prosigue la instrucción. El caso Pandora continúa figurando entre los expedientes más relevantes de los últimos tiempos sobre supuesta corrupción asociada al sistema tributario panameño, tanto debido a la cantidad de imputados como por la cifra del presunto daño patrimonial al Estado.
Fuente: Infobae — Infobae, “Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario”