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El aspirante a la Presidencia que compitió bajo la coalición PAN-Podemos pasó a la historia como el primer candidato penalized en los comicios de 2019. El Tribunal Supremo Electoral descubrió anuncios patrocinados y contenidos en plataformas digitales que contravenían la normativa electoral.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala impuso una multa de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, en aquel entonces aspirante a la presidencia por la alianza formada entre el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de publicidad electoral extemporánea en plataformas digitales.
La sentencia transformó a Arzú en el primer candidato presidencial castigado en dichos comicios por esta clase de falta. El fallo nació a raíz de los expedientes redactados por la Inspección General junto con la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, las cuales se dedican a vigilar el acatamiento de las disposiciones de proselitismo político.
Las publicaciones que motivaron la sanción
El organismo electoral registró 13 publicaciones en el perfil de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el propósito de incrementar su difusión. Asimismo, los informes empleados para justificar la medida disciplinaria incluyeron 11 entradas detectadas en Twitter.
Entre los materiales analizados aparecían textos donde el aspirante exponía iniciativas gubernamentales enfocadas en el turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los fármacos.
Dichas publicaciones respaldaban a aspirantes a gobiernos locales del mismo partido, tal es el caso de Wagner Roldán, quien buscaba la jefatura edilicia de Mixco bajo la bandera de Podemos.
El inconveniente apuntado por el TSE no consistía meramente en el uso de redes sociales por parte de Arzú para dar a conocer sus planes políticos, sino en el empleo de vías de propaganda electoral que contravenían la normativa vigente.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron límites para la contratación de publicidad política. En los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro en el TSE como proveedores habilitados en la plataforma de medios para propaganda electoral.
Por consiguiente, la compra de publicidad política patrocinada en dichos canales podía infringir las normativas electorales.
Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación
La sanción no afectó únicamente al aspirante a la presidencia. Tal como dio a conocer Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas tasadas en ochenta mil dólares por cabeza.
De esta manera, las multas impuestas al postulante y a ambas agrupaciones políticas totalizaban conjuntamente la cantidad de 240 mil dólares.
Arzú y sus socios políticos contaban con la oportunidad de objetar los fallos a través de los procedimientos previstos en la normativa electoral.
Sin embargo, el 27 de mayo de 2019 se informó que el TSE había rechazado los recursos de nulidad presentados contra las sanciones, por lo que las multas quedaron firmes en esa instancia.
Por aquel entonces, la sanción pecuniaria aplicada a Arzú ascendía a cerca de 614 mil quetzales, un importe sumamente elevado en el contexto de las normativas de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La sanción impuesta en 2019 cobró mayor importancia durante los años posteriores, época en la que Roberto Arzú se vio nuevamente bajo la lupa del Tribunal Supremo Electoral debido a su activismo político y al empleo de las redes sociales.
En el proceso electoral de 2023, las controversias relacionadas con la propaganda anticipada y las sanciones electorales formaron parte del conflicto jurídico que terminó con la revocación de su inscripción como candidato presidencial por Podemos.
No obstante, ambos episodios deben distinguirse: las resoluciones de 2019 y el procedimiento de exclusión de 2023 corresponden a actuaciones electorales diferentes, con antecedentes y recursos legales propios.
De este modo, el episodio de 2019 representa uno de los choques iniciales de los que se tiene registro entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, pone de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en el momento en que las campañas empezaron a volcar una porción sustancial de su labor hacia las plataformas digitales.
Orígenes
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Sanciones e impugnaciones electorales (2019)
Prensa Libre — Fallo de la CC acerca de los comicios de 2023