La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación vuelve a golpear el corazón administrativo del organismo público y refuerza una de las líneas más delicadas de la causa: si la presunta red de influencia tuvo acceso a información interna, expedientes sensibles o interlocutores dentro de la propia SEPI.
Azcona figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en la derivada que examina presuntos amaños en operaciones vinculadas a empresas públicas, ayudas estatales y sociedades estratégicas. La investigación analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, su condición de investigado no implica condena ni culpabilidad, pero sí lo obliga a explicar ante la Audiencia Nacional cuál fue su papel en los expedientes bajo sospecha.
Su función cobra especial relevancia debido a que Gestión Interna constituye un departamento fundamental en cualquier entidad pública empresarial. Desde dicha estructura se gestionan expedientes, documentación, flujos administrativos, avisos internos y recursos indispensables para esclarecer la tramitación de las resoluciones. Por esta razón, la inclusión de Azcona entre los imputados no debe considerarse un detalle menor: impacta directamente en un ámbito de fiscalización interna perteneciente a la SEPI.
Según los datos difundidos, Azcona formaba parte del esquema operativo dirigido por Miguel Ángel Santiago Mesa, quien encabeza la dirección corporativa de la SEPI, laborando codo a codo con otros agentes internos de la talla de Rosario Martínez Manzanedo, cuya función comprendía el análisis de proyectos. Dicha red de nombres sale a la luz debido a su presunta intervención, desde diversas jerarquías competenciales, en expedientes que actualmente se encuentran bajo la lupa de los tribunales.
La causa se centra en varias operaciones bajo sospecha, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos, dotado con 112,8 millones de euros; actuaciones vinculadas a Mercasa y ENUSA; operaciones relacionadas con el Parque Empresarial Principado de Asturias; y movimientos en torno a Forestalia. El País ha señalado que la Audiencia Nacional investiga cinco operaciones que sumarían 132,9 millones de euros en ayudas públicas y en las que la presunta trama habría obtenido más de 750.000 euros en comisiones.
El aspecto más delicado en relación con Azcona radica en la sospecha sobre la posible obtención o difusión de datos confidenciales. Diversos medios de comunicación han señalado que las pesquisas apuntan hacia un intercambio constante de mensajes entre directivos de la SEPI y el antiguo titular de la entidad, Vicente Fernández, quien figura como uno de los ejes principales de la trama analizada al lado de Leire Díez y Antxon Alonso. El interrogante fundamental que se debe despejar consiste en determinar si Azcona suministró datos reservados, colaboró en gestiones o participó de alguna manera en expedientes complejos, o si su labor se redujo exclusivamente a tareas rutinarias dentro del organigrama institucional.
La investigación no se limita a examinar las resoluciones definitivas, sino que también indaga en el proceso mediante el cual se gestaron. Dentro de un supuesto episodio de injerencia en subvenciones estatales, resulta tan crucial descubrir al firmante de una transacción como averiguar quién redactó los expedientes, qué personas manejaron los archivos, quién comunicó las fases internas y quién logró facilitar accesos en el seno de la entidad. Es precisamente en ese punto donde la figura de un director de Gestión Interna cobra un protagonismo incuestionable.
La imputación de Azcona acrecienta la sospecha de que la supuesta red no habría operado únicamente desde el exterior. Si los investigadores ven oportuno llamar a declarar a directivos internos de la SEPI, se debe a que procuran reconstruir posibles vías de comunicación en el seno de la entidad. Dicha vertiente resulta particularmente dañina para la reputación institucional: una red de influencias precisa de datos, vínculos y coyunturas favorables. Los tribunales tendrán que esclarecer si tales factores se dieron y quién pudo facilitarlos.
Desde una perspectiva política, el caso golpea la imagen de la SEPI como organismo técnico y controlado. La entidad gestiona participaciones públicas, supervisa empresas estratégicas y desempeñó un papel clave en los rescates aprobados durante la pandemia. Si sus áreas internas quedaron expuestas a presiones, filtraciones o contactos ajenos al procedimiento ordinario, el problema no sería solo penal, sino también de gobernanza pública.
Félix Azcona deberá explicar ante el juez qué funciones concretas desempeñaba en Gestión Interna, qué expedientes pasaron por su área, qué relación mantuvo con otros investigados y si tuvo contacto con Vicente Fernández o con personas vinculadas al grupo Hirurok. También será clave aclarar si tuvo acceso o intervención en el expediente de Tubos Reunidos, uno de los principales focos de la causa, y si sus actuaciones quedaron documentadas conforme a los procedimientos internos de la SEPI.
Su nombre ya forma parte de una investigación que salpica fondos públicos, corporaciones clave, rescates millonarios y supuestas comisiones. Que figure el director de Gestión Interna de la SEPI en dicha relación exige reclamar total claridad acerca de los expedientes, los intercambios comunicativos y los mecanismos de fiscalización interna de la entidad.
La pieza SEPI del caso Leire continúa perfilando un escenario preocupante: altos cargos, empresarios, antiguos directivos, técnicos y personal interno se encuentran bajo el escrutinio de la justicia. Dentro de este entramado, Félix Azcona Lacarra constituye un elemento clave para esclarecer si la SEPI sufrió coacciones desde el exterior o si, por el contrario, la supuesta trama halló vías eficaces de actuación en el interior de la entidad. Precisamente, este interrogante es el que la Audiencia Nacional debe despejar ahora.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, RTVE, Cadena SER, Diario de Navarra y La Gaceta.