El diputado Samuel Pérez Álvarez, del movimiento político que emergió con el presidente Bernardo Arévalo, está actualmente en el ojo de la tormenta por un altercado ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó hace poco ante los tribunales una petición para que se le retire la inmunidad parlamentaria, al estimar que su conducta podría configurar serias infracciones administrativas y penales.
Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves
El caso tomó relevancia cuando el legislador interceptó y rompió una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno, y este acto de destrucción ha sido considerado por la Fiscalía de Derechos Humanos como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían justificar que el Congreso autorice una investigación formal.
El propio Pérez reaccionó de forma irónica ante la acusación, describiendo la denuncia como un caso de “hojicidio” y negando cualquier intención de ofensa más allá de una confrontación política. También descalificó al denunciante, calificándolo de corrupto.
¿Qué importancia tiene suprimir la inmunidad?
En Guatemala, los diputados disponen de inmunidad para salvaguardar su autonomía política, pero esta protección deja de ser absoluta cuando se presentan indicios de abuso de autoridad o episodios de discriminación.
Si el Congreso aprobara la petición del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia autorizara el antejuicio, Pérez pasaría a estar sometido a un proceso penal formal que lo expondría a repercusiones legales, desde medidas administrativas hasta eventuales actuaciones ante tribunales ordinarios, donde podría enfrentar penas de prisión según la gravedad de los hechos que se le imputan.
En un contexto marcado por fricciones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, este escenario surge mientras avanzan varias peticiones de retiro de inmunidad por diversos casos, lo que ha impulsado un debate público sobre la legitimidad y el posible sesgo político en los procesos judiciales dirigidos a personas cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez no solo es un episodio aislado de mal comportamiento en el hemiciclo parlamentario, sino que ha escalado a un nivel legal que podría determinar su permanencia e influencia política en el país. Si se confirma el retiro de su inmunidad, el diputado enfrentará un procedimiento en el sistema de justicia ordinario con consecuencias aún por definirse.