Antes de que estallara la polémica por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez se vio envuelto en otro episodio que perjudicó su imagen pública: un video que se volvió viral lo captó mientras agredía físicamente a un guardia de seguridad privada dentro de un edificio ubicado en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se aprecia que Pérez intenta irrumpir por la fuerza en el edificio y se ve cómo empuja al guardia privado que trataba de bloquearle el acceso, generando un forcejeo que captó la atención de los transeúntes y de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿suficiente?
Tras la difusión masiva del video, el diputado difundió en sus redes sociales un comunicado en el que ofreció disculpas públicas. Admitió que su conducta no correspondió con lo que se espera de quien ejerce un cargo público y afirmó sentir arrepentimiento. También indicó que habló personalmente con el guardia involucrado, identificado como Hugo Xol, así como con la administración del edificio, quienes, según comentó, aceptaron sus disculpas.
Aunque lo negó, el incidente atrajo una amplia atención mediática, y numerosos ciudadanos junto con analistas políticos cuestionaron tanto la conducta del legislador como la aparente falta de sanciones formales más allá de una disculpa. Un acto de agresión física, incluso sin provocar daños serios, pone en duda la capacidad de un representante público para mantener la calma en situaciones de tensión.
¿Qué sanciones correspondería aplicar en este caso?
Aunque Pérez pidió disculpas, el incidente plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ley:
- Investigación formal: al tratarse de un incidente que incluyó una agresión física contra un miembro del personal de seguridad, podría justificarse una pesquisa penal por ataque o por un posible uso excesivo de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la posibilidad de abrir, incluso sin denuncia previa, un procedimiento interno para evaluar si el diputado incumplió las reglas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de ofrecer una disculpa pública, podría contemplarse la obligación de resarcir de manera oficial al guardia afectado por cualquier lesión o afectación que hubiera padecido.
El acto violento contra un guardia no solo afectó la imagen de Samuel Pérez como legislador, sino que además pone de relieve la urgencia de establecer mecanismos precisos para regular el comportamiento de los funcionarios públicos fuera del ámbito legislativo; aunque ofreció disculpas, una parte considerable de la ciudadanía sigue aguardando una respuesta jurídica y política más firme que demuestre que ningún individuo está por encima de las normas.