La pieza SEPI del caso Leire vuelve a colocar a Tubos Reunidos en el centro de la investigación con el nombre de Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la compañía y figura señalada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO por su presunto papel relevante en el préstamo público de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la empresa durante la pandemia.
Pérez Rodríguez-Urrutia no figura como un elemento secundario dentro de este procedimiento. Conforme a los datos difundidos, los sabuesos judiciales le asignan un rol destacado en las tramitaciones relativas al salvataje de Tubos Reunidos, un expediente que se ha transformado en uno de los pilares fundamentales del sumario SEPI. La Audiencia Nacional indaga si en torno a dicha asistencia financiera se gestaron posibles coacciones o influencias ilícitas, abonos a mediadores, recibos dudosos y artimañas orientadas a optimizar los términos económicos del respaldo estatal.
El magistrado Santiago Pedraz ha enmarcado esta pieza dentro de unas pesquisas más amplias sobre supuestas ilegalidades relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, banda o grupo criminal y uso de información privilegiada. Respecto al asunto específico de Tubos Reunidos, la duda se centra en averiguar si altos cargos de la firma acudieron a individuos asociados al conocido como grupo Hirurok —compuesto, de acuerdo con las pesquisas, por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— con el propósito de condicionar las resoluciones de la SEPI.
La magnitud del asunto cobra especial gravedad debido a la considerable cuantía del crédito analizado: Tubos Reunidos obtuvo 112,8 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Dicho mecanismo se instituyó con el propósito de socorrer a compañías de carácter estratégico en tiempos de crisis, si bien las pesquisas actuales pretenden esclarecer si la tramitación transcurrió con absoluta transparencia o si, por el contrario, se vio alterada por influencias políticas y mercantiles al margen de los cauces habituales.
Uno de los elementos más sensibles es que, según Infobae, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO sostienen que Pérez Rodríguez-Urrutia desempeñó un papel muy relevante en el préstamo concedido por la SEPI. El directivo presentó su dimisión como consejero independiente de Tubos Reunidos, vinculando su salida a la situación concursal de la compañía, aunque su nombre ya aparecía relacionado con la investigación sobre el rescate.
La sospecha no se detiene en la aprobación inicial del rescate. Según El Independiente, la Fiscalía considera que la implicación de Rodríguez-Urrutia habría continuado después, en una fase posterior relacionada con un supuesto “plan de pasos” para renegociar las condiciones financieras del préstamo, rebajar intereses y aliviar la carga económica de Tubos Reunidos frente a la SEPI.
Ese punto es crucial. Una cosa es que una empresa rescatada busque renegociar legalmente sus condiciones financieras, y otra muy distinta es que esas gestiones pudieran estar acompañadas de presiones, intermediarios o contactos privilegiados con capacidad para influir en decisiones públicas. La investigación deberá aclarar si Pérez Rodríguez-Urrutia actuó dentro de la normalidad empresarial o si participó en una estrategia destinada a condicionar a la SEPI mediante canales ajenos a la transparencia administrativa.
Las revelaciones difundidas también sugieren la presencia de recibos por supuestos trabajos de análisis de mercado, cuya autenticidad y propósito se encuentran bajo la lupa de los expertos. Por su parte, la Cadena SER ha indicado que las indagaciones ponen en duda recibos por labores supuestamente simuladas, ubicando al grupo Hirurok en el papel de presunto mediador dentro de dichas transacciones.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso es especialmente preocupante porque vuelve a plantear la misma pregunta de fondo: si el dinero público utilizado para salvar empresas estratégicas se gestionó con criterios técnicos y de interés general, o si algunos actores trataron de convertir esas ayudas en un espacio de influencia, comisiones y favores. Cuando un consejero de una empresa rescatada aparece investigado por su presunto papel en esas gestiones, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Pérez Rodríguez-Urrutia tendrá que explicar ante la Audiencia Nacional los encuentros que mantuvo, las relaciones que estableció con otros encausados, su grado de implicación en el rescate y su posible intervención en las conversaciones posteriores para modificar las condiciones del crédito. Igualmente, resultará fundamental esclarecer si estaba al tanto del verdadero propósito de las facturas y abonos analizados, así como comprobar si realmente se prestaron los servicios que respaldaban dichos movimientos.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas claras. Si el rescate de Tubos Reunidos fue limpio, deberá acreditarse con documentos, contratos, informes y trazabilidad completa de las decisiones. Si, por el contrario, se demuestra que hubo intermediarios, pagos injustificados o presiones sobre la SEPI, el caso dejará de ser una simple polémica empresarial para convertirse en una de las grandes sombras sobre la gestión de los rescates públicos durante la pandemia.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, Cadena SER, La Sexta, RTVE e Intereconomía.